Plantilla Mundo Juridico
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA Y AFECCIONES DE SALUD EN LOS POBLADORES DE TERRITORIOS SUSCEPTIBLES DE EXPLOTACIÓN METALÚRGICA Y MINERA, ALEDAÑOS A ZONAS INDUSTRIALES Y DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS
Maria Leonor Giraldo Torres1
Artículo Recibido: 11 de mayo de 2017 y Aceptado: 23 de junio de 2017
Resumen

La investigación comenzó con el estudio de las peticiones y casos que durante los años 1996 a 2016 fueron tramitados por la CIDH (según lo reportado en sus informes anuales), y de los pronunciamientos que en torno a los mismos efectuó la Corte IDH; luego se detuvo a identificar cuáles de esos eventos correspondían a situaciones de contaminación ambiental y afecciones en la salud humana; paso seguido se concentró en la caracterización y descripción de las principales líneas de protección interamericana del derecho a la salud ambiental y por último en el análisis de los estándares más significativos que han sido desarrollados por los Órganos Interamericanos o acogidos del sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Lo anterior hizo posible concluir, que los pronunciamientos existentes, hoy permiten a las víctimas de la contaminación ambiental en Latinoamérica reconocer en el sistema regional una alternativa de tutela cautelar o definitiva de su derecho a la salud ambiental; y a los Estados, reflexionar acerca de las obligaciones que ostentan en torno a este derecho y las practicas internas que –en ese contexto- podrían convocarles a juicios de responsabilidad internacional.

Palabras claves: Derechos Humanos- Salud Ambiental - Contaminación Ambiental

ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE AMERICAS AND HEALTH CONDITIONS IN THE RESIDENTS OF TERRITORIES SUSCEPTIBLE TO METALLURGICAL AND MINING EXPLOITATION, NEAR TO INDUSTRIAL AREAS AND STORAGE OF TOXIC WASTE
Abstract

The research began with the study of petitions and cases that during the years 1996-2016 were processed by the Commission (as reported in their annual reports ), and pronouncements about them made the IACHR; then stopped to identify which of these events corresponded to environmental contamination and human health conditions situations; step followed focused on the characterization and description of the main lines of inter-American protection of the right to environmental health and finally the analysis of the most significant standards that have been developed by the Inter-American organs or fostered the Universal System of Human Rights Protection. This made it possible to conclude that the existing pronouncements, now allow victims to environmental contamination in Latin America in the regional system to recognize an alternative interim or permanent guardianship of his right; and States reflect on the obligations they hold about environmental health and internal practices that -in this context- could summon to judgments of international responsibility.

Keywords: Human Rights- Enviromental Health - Environmental contamination

Introducción



En el presente texto, de un lado se describe con cierto detalle las situaciones de contaminación ambiental y afecciones en la salud humana, que han sido puestas en conocimiento de los Órganos Interamericanos, y de otra parte, analizar los estándares más significativos de protección del Derecho a la Salud ambiental que han sido desarrollados en el Sistema Regional.

Lo anterior, habida consideración que el problema de investigación planteado radicó en determinar ¿Cuáles eventos relacionados con contaminación ambiental y afectación del Derecho a la salud han sido develados ante el SIDH desde 1996 a 216? Y ¿Qué estándares interamericanos de protección del derecho a la salud ambiental se han desarrollado en el trámite y resolución de peticiones y casos?

En efecto, lo que se pretende es brindar a quien lee algunos de los contextos fácticos más significativos (de los muchos que han sido develados en el SIDH), para que a partir de su análisis, él o ella puedan reconocer alternativas de protección cautelar o definitiva del derecho a la salud ambiental. Adicionalmente se busca invitar a los Estados a reflexionar acerca de prácticas internas que pueden llegar a comprometer su responsabilidad internacional, a fin de que asuman con seriedad las obligaciones que ostentan en torno a la salud.

En suma, en el artículo se advertirá que en torno a la Contaminación ambiental y sus efectos en la salud, los Órganos Interamericanos han imputado responsabilidad por omisión de control y supervisión, inobservancia del principio de precaución, no adopción de medidas de mitigación, no asistencia médica adecuada, e imposición de cargas contaminantes desproporcionadas.

Metodología:

La investigación se enfocó en el estudio de las peticiones y casos que durante los años 1996 a 20162 fueron tramitadas por la CIDH (según lo reportado en sus informes anuales), y de los pronunciamientos que en torno a los mismos efectuó la Corte IDH; luego se detuvo a identificar cuáles de esos eventos correspondían a situaciones de contaminación y salud ambiental; paso seguido se concentró en la caracterización y descripción de las principales líneas de protección interamericana del derecho a la salud ambiental y por último en el análisis de los estándares más significativos que –en ese contexto- han sido desarrollados por los Órganos Interamericanos o acogidos del sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.

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Kweitel, Juana y Reis, Renata, señalaban que “el respeto a la salud de los individuos y de los pueblos necesariamente pasa por el respeto de derechos yuxtapuestos. El individuo que se ve obligado a vivir en un medio ambiente degradado, tiene su salud y su bienestar comprometidos”3 .

Tanto en el sistema regional interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos, ha sido reconocido el derecho a un medio ambiente sano, y estipulada la obligación estatal de preservación y mejoramiento del medio ambiente, que entraña entre otras cosas: la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable; la creación de condiciones sanitarias básicas; la abstención de contaminación de la atmósfera, el agua y la tierra; la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente la salud de los seres humanos .

En el Sistema Universal y Regional de Protección a los Derechos Humanos han sido promulgados: i) el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ii) los Párrafos 15, 34 y 36 de la Observación General Nº14, adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante el 22º periodo de sesiones del 2000, y; la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, proferida en la Conferencia de las Naciones Unidas (1992), en la que fueron proclamados 27 principios para proteger la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial, entre ellos: el criterio de precaución, el papel de las poblaciones indígenas y las comunidades locales en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales, y la especial protección de los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.

Ahora bien, en el periodo comprendido entre los años 1996 y 2016 han sido develados ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 06 eventos característicos de contaminación ambiental relacionados con afecciones de salud en los pobladores de territorios susceptibles de explotación de recursos minerales, aledaños a zonas industriales y de almacenamiento de residuos tóxicos. Casos en los que las presuntas víctimas principalmente pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, a los que aquí nos referiremos como alternativa de justicia regional en los asuntos medioambientales y de afección de salud pública, y en los que los Órganos Interamericanos han efectuado juicios de responsabilidad internacional a los Estados con sustento en: 1) la omisión de control y supervisión de actividades metalúrgicas, industriales, mineras, de almacenamiento y transporte de plomo y de almacenamiento de residuos tóxicos; 2) la inobservancia del principio internacional de precaución y la no realización de estudios previos de impacto ambiental; 3) la no adopción de medidas oportunas para mitigar los efectos de la contaminación metalúrgica, industrial, minera, entre otras; 4) el no suministro de asistencia médica adecuada para los fines de diagnóstico, tratamiento, prevención y recuperación de las poblaciones afectadas en su salud física y psíquica, como consecuencia de la contaminación, y; 5) la imposición de cargas contaminantes desproporcionadas a determinados grupos poblacionales dada su raza o etnia (racismo ambiental).

Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros Vs. Perú4

La comunidad de San Mateo de Huanchor se encuentra integrada por, alrededor de 5600 habitantes, en su mayoría población indígena; a 50 metros de la localidad de San Mateo, sobre la cuenca del Rio Rimac, funciona una depósito de relave de residuos tóxicos provenientes de la actividad minera; dicho depósito es de propiedad de una empresa privada a quien el Ministerio de Energía y Minas en 1999 le otorgó concesión de explotación minera en área urbana, sin que previamente se presentaran estudios de impacto ambiental; tras una denuncia de las autoridades locales, el Ministerio de Energía y Minas ordenó la suspensión de las actividades en la cancha de relaves, por trasgredir la normatividad interna sobre medio ambiente. No obstante, con posterioridad tal acto administrativo fue nulitado por el Consejo Nacional de Minería y la empresa privada fue nuevamente autorizada para operar el depósito de relaves; finalmente en el año 2001 el Ministerio de Energía y Minas ordenó paralizar definitivamente el funcionamiento del depósito, pero pese a existir tal orden administrativa, el problema se mantiene porque los relaves mineros no han sido trasladados y la población continúa expuesta a afecciones en su salud, toda vez que sus medios de subsistencia (tierras de cultivo y agua para el regadío) están altamente contaminados. (Párrs. 5, 14 a 19, 29 y 30 del Informe de admisibilidad Nº69/04)

Es de resaltar que en este asunto, los peticionarios presentaron ante la Comisión Interamericana (en adelante CIDH) una serie de estudios realizados por instituciones oficiales y centros de investigación académica, a fin de dejar en evidencia, tanto los efectos de la contaminación ambiental, como los daños en la salud de los pobladores y la crisis de salud pública que se vivía en la localidad (la exposición crónica a altas concentraciones de contaminantes como plomo, zinc, arsénico, fierro y cobre en el depósito de relaves y en áreas agrícolas de la zona de influencia; la contaminación del río Rimac que bordea la población; y desde luego la afectación de la salud física y psíquica de los integrantes de la comunidad, en especial de los niños toda vez que la concentración de plomo en su sangre es alarmante).

Con sustento en tales estudios, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de la Comunidad Indígena de San Mateo de Huanchor, ordenando al Estado Peruano:
    Ejecutar un programa de asistencia y atención en salubridad a la población, a efectos de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias de la contaminación y brindarles la atención médica pertinente. E iniciar el traslado del relave de acuerdo a las mejores condiciones técnicas que establezca el correspondiente estudio de impacto ambiental. ( Resolución de medidas cautelares, CIDH, 17 de agosto de 2004).


Luego la petición fue admitida por la CIDH, tras considerar que persistía la exposición de la comunidad a los metales pesados y compuestos tóxicos provenientes de la cancha de relaves mineros; que en el sistema interno se había desbordado la razonabilidad de los plazos que el caso ameritaba, dados los daños ambientales y afecciones de salud que de manera prolongada y con efectos irreversibles se estaban produciendo; y que de ser comprobados los hechos denunciados con relación a los efectos de la contaminación ambiental que han generado una crisis en la salud pública de San Mateo de Huanchor, podrían caracterizarse violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, al desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, entre otros de la Convención Americana (Párrs. 50, 59, 60 a 63, 69 Informe Nº69/04).

Así las cosas, podríamos concluir que en el caso fueron diversas las circunstancias fácticas y jurídicas por las que los peticionarios, en sede interamericana, imputaron responsabilidad internacional al Estado Peruano: la primera es la concesión de explotación minera en territorios indígenas, que de manera irregular y a través de su Ministerio de Energía y Minas otorgó a una empresa privada; la segunda es la no realización oportuna de los estudios de impacto ambiental que le permitiesen prever los efectos de la explotación minera en el territorio donde habita la comunidad indígena de San Mateo de Huanchor; la tercera es, la connivencia con la que actuó en el año 2000, a través del Consejo Nacional de Minería cuando pese a haber advertido que el sitio de relaves mineros trasgredía normas de medio ambiente, levantó la suspensión de operaciones y volvió a autorizar el funcionamiento del depósito de relaves; la cuarta es, la actitud expectante que asumió al conocer los estudios que sobre contaminación ambiental y efectos en la salud de la población de San Mateo de Huanchor, habían sido realizados por la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, la Dirección de Salud IV de Lima, y el Instituto de Salud y Trabajo; la quinta, es su conducta omisiva, por no brindarle oportuna asistencia y atención en salubridad a la Población de San Mateo de Huanchor, pese a que los resultados de los estudios oficiales y los realizados por otros centros de investigación académica advertían sobre una crisis de salud pública en esa comunidad; y por último, su actitud negligente, al permitir que continuará el problema de contaminación ambiental causada por la cancha de relaves y la intoxicación con arsénico, plomo, cadmio y mercurio de los miembros de la comunidad de San Mateo de Huanchor, toda vez que aunque en el año 2001 el Ministerio de Energía y Minas profirió una Resolución de paralización definitiva de funcionamiento de esa cancha de relaves y dispuso su traslado, tal orden administrativa no había sido acatada por la empresa privada ni debidamente ejecutada por las autoridades estatales.

En relación con ese último punto (el de ejecución de las decisiones administrativas), la CIDH recordó que “la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia, pues se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas”5.

Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos Vs. Guatemala6

El segundo evento al que haremos referencia, fue conocido por la CIDH a través de una solicitud de medida cautelar, formulada en favor de 18 comunidades del pueblo indígena Maya; en la que se ponía de presente, que a causa de una explotación minera de oro y plata, que el Estado -de manera inconsulta- había autorizado en territorio ancestral, la vida, integridad personal y el medio ambiente del pueblo Maya se encontraba en riesgo de afectación, toda vez que el río Tzalá y sus afluentes hídricos constituían las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia, y se estarían secando además de estar altamente contaminados con metales nocivos para la salud, que provenían de la actividad minera.

Tras advertir que el asunto revestía gravedad, urgencia y que existía riesgo de afectación de derechos tanto individuales como colectivos, la CIDH protegió de manera cautelar a la comunidad del pueblo indígena Maya, y solicitó al Estado de Guatemala:

    Suspender la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A. e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental.

    Adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo humano.

    Atender los problemas de salud objeto de estas medidas cautelares, en particular, iniciar un programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios, a efectos de identificar a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las consecuencias de la contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente. (Medida Cautelar, MC 260/2007, CIDH).
Nótese, que tanto en el caso Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros Vs. Perú como en el asunto Comunidad del Pueblo Maya Vs. Guatemala: i) las zonas de explotación minera o de ubicación de los depósitos de relaves mineros, ocupaban de manera inconsulta territorios ancestrales y más concretamente, las laderas de los principales afluentes hídricos de esas comunidades (respectivamente, río Rimac y río Tzalá); ii) los metales pesados provenientes de la actividad minera estaban presentes tanto en el agua que la comunidad consumía, como en el suelo del que –a través de la agricultura y ganadería- derivaban su subsistencia, y; iii) la contaminación ambiental resultante de la actividad minera afectaba no sólo la salud de los pobladores, sino también “valores espirituales relacionados a la tierra y el ambiente”7 .

Comunidad de La Oroya Vs. Perú8

La Comunidad de la Oroya enfrentaba una verdadera crisis de salud pública, dada la contaminación ambiental provocada por un complejo metalúrgico de propiedad de una empresa privada que funcionaba en la localidad y que procesaba minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata, oro, azufre, cadmio y arsénico. En ese sentido, la imputación que realizan los peticionarios al Estado Peruano ante la CIDH, guarda relación con la omisión de control, fiscalización y supervisión de las actividades metalúrgicas y con la ausencia de sistemas adecuados para mitigar la contaminación, lo cual ha derivado que la población de La Oroya viva expuesta a niveles excesivos de metales pesados y al padecimiento constante y simultaneo de enfermedades que les impide a las presuntas víctimas el disfrute de su vida digna, incluso desde el nacimiento.

Lo anterior aunado a que en La Oroya solo existen dos centros de salud, cuyo acceso es limitado y en los cuales no hay instalaciones o equipos especializados que permitan diagnosticar la intoxicación con plomo u otros metales contaminantes, y mucho menos, brindar tratamiento adecuado; y que el Estado no ha puesto a disposición de la población, información clara y suficiente sobre el grado de contaminación de la ciudad, las sustancias que la causan, los posibles impactos para las personas y las medidas que se podrían implementar para mitigar o reparar daños ambientales y en la salud de los habitantes. (Párrs. 10, 11, 15 a 20, 23 a 29, Informe Nº76/09).

Al igual que en el caso Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros Vs. Perú, en este asunto, los peticionarios aportaron estudios de los que se infiere que el nivel de plomo en la sangre de los habitantes de la comunidad de La Oroya, es excesivo y preocupante, toda vez que las cantidades superan los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Así mismo, que según el Center For Disease Control and Prevention, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “los niveles excesivos de plomo en la sangre requieren la adopción de acciones recuperadoras, seguimiento médico, investigación y remediación del ambiente, e incluso puede requerirse de tratamientos especializados, en adición al control efectivo de las emisiones y la remoción de los materiales contaminados”. (Párrs. 12 y 13, Informe Nº76/09).

En suma es de resaltarse que en este asunto, los peticionarios imputaron responsabilidad al Estado Peruano por: i) falta de control del complejo metalúrgico, ii) ausencia de supervisión de las actividades contaminantes, iii) no adopción de medidas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental, iv) limitaciones de acceso a los servicios de salud y la no adecuación de las instalaciones o equipos médicas a los requerimientos clínicos de la comunidad; v) no suministro de información a la población sobre las causas de la contaminación, los riesgos de afectación en la salud física y psíquica y las medidas que se podrían implementar para mitigar o reparar los daños.

De otra parte, se tiene que la CIDH adoptó medidas cautelares en beneficio de 65 moradores de la ciudad de La Oroya que sufrían de afecciones de salud, como consecuencia de los altos índices de contaminación de aire, suelo y agua, producto de partículas de metales pesados liberados por el complejo metalúrgico que allí funcionaba, y quienes no contaban con la atención médica adecuada en las fases de diagnóstico, tratamiento y prevención. En ese sentido ordenó al Estado del Perú:

    Adoptar las medidas pertinentes para practicar un diagnóstico médico especializado a los beneficiarios, proveer el tratamiento médico especializado y adecuado para aquellas personas cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable para su integridad personal o su vida, y coordinar con los solicitantes y beneficiarios la implementación de las medidas cautelares. (CIDH, Resolución de medidas cautelares del 31 de agosto de 2007).


Y que en el estudio de admisibilidad de la petición, la CIDH consideró que: a) aunque en la Jurisdicción Constitucional del Perú fueron adoptadas decisiones que conminaban al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Salud ambiental del Perú a diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia para la ciudad de La Oroya, lo cierto es que tales decisiones no habían sido ejecutadas por el Estado a pesar de tratarse de una situación que reviste especial gravedad y urgencia; b) de ser probadas las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental derivada del complejo metalúrgico que funciona en La Oroya, podría caracterizarse violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 19 de la Convención Americana; iii) y que la presunta falta y/o manipulación de información sobre la contaminación ambiental que se vive en La Oroya y los efectos en la salud de sus pobladores, podría caracterizar violación del derecho consagrado en el artículo 13 del mismos instrumento (Párrs. 62, 63, 68 y 69 74, 75 Informe Nº76/09).

Así las cosas, solo resta destacar que: 1. En un contexto de medidas cautelares la Comisión Interamericana conminó a un Estado Parte a realizar diagnósticos médicos especializados a la población residente de una zona en la que funcionaba un complejo metalúrgico, a fin de identificar los efectos que en su salud había dejado la contaminación con metales pesados y garantizar la implementación del tratamiento médico más adecuado y especializado a esa comunidad; 2. El no suministro de información a la población sobre las causas de la contaminación, los riesgos de afectación en la salud física y psíquica y las medidas que se podrían implementar para mitigar o reparar los daños, también puede convocar a los Estados a juicios de responsabilidad internacional; 3. Al igual que en los casos Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros Vs. Perú y Comunidades del Pueblo Maya Vs. Guatemala, en el asunto Comunidad de La Oroya Vs. Perú, los titulares de la actividad contaminante eran empresas privadas, y no obstante, en sede interamericana se imputó responsabilidad internacional a los Estados por omisión de control, supervisión y vigilancia de esas actividades mineras o metalúrgicas, por no adopción de medidas oportunas para mitigar los efectos de la contaminación y por limitar el acceso de las personas a la información (sobre las causas y consecuencias de la contaminación ambiental) y los servicios de salud relacionados, y que; 3. Conforme a lo expuesto por los representantes del Estado, a raíz de este caso, en Perú el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Salud han venido promulgando importantes iniciativas de salud enfocadas en la población afectada por la contaminación ambiental derivada de la actividad metalúrgica, estas son: “Estrategia sanitaria de atención a personas afectadas por la contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas”; “Guía práctica clínica para el manejo de pacientes con intoxicación por plomo”, y “Plan de mejora de la calidad de aire en la cuenca atmosférica de la oroya” (Párr. 39 Informe Nº76/09)

Pobladores de Puerto Nuevo Vs. Perú9

Los beneficiarios de la medida cautelar adoptada por la CIDH en el presente asunto, son 300 pobladores del Asentamiento Humano de Puerto Nuevo Callao en Perú, quienes refirieron padecer de afecciones de salud relacionadas con los efectos de la contaminación derivada de las actividades de almacenamiento y transporte de plomo que se ejecutan en su zona de residencia, e indicaron que la comunidad no contaba con las instalaciones de salud ni la tecnología adecuada para los fines de diagnóstico, tratamiento y prevención de las patologías derivadas de la contaminación.

De allí que la Comisión ordenó –en sede cautelar- al Estado Peruano realizar diagnósticos médicos especializados a los pobladores de Puerto Nuevo, suministrarles el tratamiento médico más adecuado para mitigar los efectos o reparar los daños que la contaminación ha dejado en su salud, y suspender las actividades de almacenamiento y transporte de plomo, hasta que se elimine la contaminación ambiental o se reubique a la población.

Habitantes del Conjunto Habitacional “Barao de Mauá” Vs. Brasil10

En este caso lo que se denuncia ante la CIDH, es que sobre un lote de terreno de propiedad de una empresa privada, que durante los años 1973 y 1992 fue utilizado como área de desecho ilegal de sustancias tóxicas, el Estado Brasileño autorizó la construcción de un proyecto de vivienda urbana, pese a tener pleno conocimiento de la situación de contaminación a la que expondría a los residentes, toda vez que durante ese mismo periodo de tiempo (1973 a 1992), su Organismo Ambiental Nacional habría impuesto a la empresa privada, 17 actas de infracción por degradación ambiental (del suelo y de la atmósfera) provocada por basura tóxica.

En efecto, según lo narrado por los peticionarios ante la CIDH: el 20 de abril de 2000, cuando ya habían personas viviendo en el Conjunto Habitacional Barao de Mauá (en adelante CHBM), la contaminación del suelo produjo la explosión de un tanque de agua subterráneo que provocó la muerte de un trabajador de la construcción y lesiones graves a otro trabajador; el 15 de agosto de 2001, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo expidió una alerta en la que señalaba que: (i) ya se habían construido en el CHBM cincuenta edificios del total proyectado de 72; (ii) se calculaba que en el CHBM vivían 5000 personas; y (iii) los estudios ambientales indicaban que el terreno sobre el cual estaba construido el CHBM estaba contaminado por más de 40 compuestos orgánicos volátiles, que incluían, entre otros, benceno, clorobenceno, trimetilbenceno y decano, todos ellos nocivos para el medio ambiente y la salud humana; el 20 de diciembre de 2001, la CETESB {–Companhia de Tecnología de Saneamento Ambiental- organismo ambiental del Estado, encargado del control, los permisos, la supervisión y monitoreo de las actividades potencialmente contaminantes para el medio ambiente} expidió un comunicado de prensa en el cual “reafirmo la gravedad de la contaminación en el CHBM”; y la Alcaldía también reconoció que el terreno sobre el cual se había construido el CHBM había sido utilizado para el desecho ilegal de sustancias tóxicas y que, a pesar de ello, la Alcaldía –bajo una administración anterior- y el Gobierno del Estado de Sao Paulo habían autorizado el proyecto residencial.

Así las cosas, si bien los peticionarios en este caso reconocen que la actividad de desecho de sustancias tóxicas venía siendo ejecutada de forma ilícita por una empresa privada, consideran que el Estado de Brasil es internacionalmente responsable del daño ambiental y las afecciones a la integridad personal, vida y salud tanto de los residentes del CHBM, como de los trabajadores que prepararon los cimientos y ayudaron a construir ese conjunto por: i) omitir adoptar medidas oportunas y eficaces de mitigación de contaminación ambiental; ii) autorizar la construcción de un conjunto habitacional sobre un lote de terreno, del que tenía conocimiento se encontraba seriamente degradado por compuestos orgánicos volátiles y tóxicos, y por; iii) limitar el acceso a la información a la población sobre el grado de contaminación de la zona, sus causas y los riesgos a los que verían expuesta su salud física y psíquica.

Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al efectuar el análisis de admisibilidad de la petición, consideró que de llegar a ser probados los hechos expuestos por los peticionarios, podrían caracterizar violación del artículo 4 (derecho a la vida) de la Convención Americana de Derechos Humanos; que adicionalmente deberá examinarse la medida en qué la presunta contaminación podría haber afectado la integridad personal, y el uso y goce de la propiedad de las supuestas víctimas, para así determinar si hubo o no violación de los artículos 5.1, 8, 21 y 25 del Instrumento Regional, y que por último, deberá determinarse si “la supuesta falta o manipulación de la información sobre la degradación ambiental de las áreas en que se construyó el CHBM, así como sobre sus efectos para la salud y la vida de las presuntas víctimas, podrían caracterizar una violación del artículo 13 de la Convención” (Párr. 29).

Mossville Environmental Action Now Vs. Estados Unidos11

Según los peticionarios: i) Mossville es una ciudad con superficie de cinco millas cuadradas, en la que residen 375 hogares predominantemente afroamericanos, y en la que se registra actividad de 14 plantas de industria química (fabricantes, almacenadoras y vertedoras de sustancias tóxicas y peligrosas), a las que el Estado les ha concedido licencia de funcionamiento; ii) existen estudios oficiales y de instituciones académicas de investigación en las que se deja en evidencia, que la contaminación tóxica proveniente de la actividad industrial, ha elevado de manera alarmante los niveles de sustancias químicas en la sangre de los habitantes de Mossville e incidido en la proliferación de enfermedades respiratorias y demás vinculadas a la liberación de químicos; iii) la comunidad de Mossville ha sido epicentro de una práctica que denominan “racismo ambiental”, y que explican como una carga contaminante desproporcionada que Estados Unidos le impone a las comunidades mayoritariamente pobladas por afrodescendientes, y; iv) El Estado limita el acceso de la población a la información sobre las causas y consecuencias de la contaminación derivada de la actividad industrial en Mossville. (Párrs. 2, 9, 12 y 13).

Y en torno a los alegados hechos característicos de racismo ambiental, los peticionarios señalan que como la comunidad afroamericana de Mossville, no es una comunidad incorporada, a diferencia de sus vecinas, es el gobierno de la parroquia de Calcasieu el que toma las decisiones sobre la aprobación del desarrollo industrial; esta parroquia tiene unas 1094 millas cuadradas y comprende alrededor de 72000 hogares, cuya población es en un 73,6% de raza blanca. Comparativamente, Mossville tiene unas 5 millas cuadradas (menos del 1% de la población de la parroquia), de los cuales el 68% son afroamericanos. Sin embargo, de las 27 plantas industriales que operan en la parroquia, 14 están ubicadas en Mossville y alrededores. En consecuencia, la parroquia goza de un medio ambiente general saludable, en tanto el medio ambiente de Mossville es considerado “insalubre”.

El gobierno de los Estados Unidos, por su parte negó la existencia de un derecho al medio ambiente saludable “seguro y sano”, al igual que su relación con los derechos a la vida, salud, vida privada, igualdad y no discriminación, y en esa medida solicitó a la CIDH declarar inadmisible la petición porque los derechos invocados por los peticionarios no se encuentran consagrados en ningún tratado en los que Estados Unidos es parte ni en el derecho consuetudinario internacional (Párrs. 18 a 21). Adicionalmente señaló que:

    19 (…) no existe en la Declaración Americana un mandato ejecutable de establecer límites a las emisiones de todas las distintas sustancias liberadas por las plantas industriales; de proteger contra los efectos múltiples, acumulativos y sinergísticos de la contaminación tóxica de las plantas industriales existentes; ni de reducir la excesiva contaminación aérea producida en zonas pequeñas dentro de regiones designadas para el control de la calidad del aire. Análogamente, el Estado argumenta, que a falta de una demostración clara de una discriminación intencional, no existe un mandato ejecutable en la Declaración Americana de impedir la instalación o el agrupamiento de plantas tóxicas y peligrosas en estrecha proximidad geográfica con zonas residenciales; ni de reparar las prácticas que alegadamente imponen cargas contaminantes racialmente desproporcionadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la petición tras considerar que en el marco del artículo 23 de su reglamento interno, ostentaba competencia para conocer de las denuncias en las que se alegan violaciones de derechos contenidos en la Declaración Americana; que en virtud de la ratificación de la Carta de la OEA, Estados Unidos estaba obligado a respetar las disposiciones de tal Declaración; que si bien es cierto que existe una clara distinción entre los actos de las plantas industriales y los del Estado, no es menos cierto que el Estado ostenta el deber de regulación y control adecuado de las actividades contaminantes; así mismo recuerda, que el derecho a la igual protección en el derecho internacional de derechos humanos ha sido interpretado en el sentido de que prohíbe, no sólo la discriminación intencional, sino también cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga efecto discriminatorio12 y que el concepto de igualdad ante la ley consagrado en la Declaración Americana se relaciona con la aplicación de derechos sustantivos y con la protección que deben merecer en caso de actos del Estado o de terceros13.

En mérito de lo expuesto, se tiene que los seis casos a los que hemos hecho referencia, además de tener en común: 1) circunstancias características de contaminación derivada de actividades metalúrgicas, mineras, industriales de almacenamiento de sustancias tóxicas y de metales pesados; y, 2) daños tanto en el medio ambiente como en la salud humana; tienen identidad en cuanto a la colectividad de las presuntas víctimas que en cada caso concurrieron al sistema interamericano, esto es: a) 5600 habitantes de origen indígena de la Comunidad de San Mateo de Huanchor en Perú; b) 18 comunidades indígenas del Pueblo Maya de Guatemala; c) 65 moradores de la Ciudad de La Oroya en Perú; d) 300 pobladores del Asentamiento Humano de Puerto Nuevo Callao en Perú; e) 531 habitantes del Conjunto Habitacional “Barao de Mauá” en Brasil, y; f) 375 hogares, cuyos residentes son predominantemente afroamericanos, de la Ciudad de Mossville en Estados Unidos. De allí que en el encabezado del artículo la suscrita reportera señalara que “la riqueza de los minerales hallados en los territorios que eran invisibles para el mundo, no sólo les resto anonimato, sino también les expuso a la explotación, les privó de su salud y les arrebató sus prácticas consuetudinarias”.

Al respecto debo indicar, con suma preocupación, que la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud de las poblaciones más vulnerables que habitan en los territorios más recónditos, también ha sido una de las venas abiertas de Colombia cuenta con multiplicidad de resguardos indígenas, comunidades afroamericanas, población campesina, palenqueros, rom y raizales que enriquecen el multiculturalismo nacional. Pero también ha sido rica por la presencia de toda clase de minerales en su suelo y agua (principalmente en los aledaños al territorio de las comunidades a que hemos hecho referencia); lo que ha derivado en explotación inconsulta de recursos, desplazamiento forzado de la población, sequías y afecciones de salud en los pobladores aledaños a las zonas de explotación de minería, petróleo, carbón, zonas industriales, represas hídricas, entre otras actividades contaminantes que se desarrollan principalmente por empresas privadas, bajo la concesión del Estado, y en la mayoría de los casos: sin control, regulación y fiscalización14 .

En Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 se ha hecho un esfuerzo jurídico por la preservación de la biodiversidad y la multiculturalidad, pero situaciones como las anteriormente decantadas, dejan al menos la inquietud acerca de si la explotación inconsulta y no controlada de los recursos y minerales en los territorios en que habitan la población más vulnerable, constituye o no una práctica sistemática de algunos países (verbi gratia Perú, Brasil, Guatemala, Estados Unidos y Colombia, entre otros) de imposición de cargas contaminantes desproporcionadas en los territorios históricamente más invisibles.

La preocupación acrecienta en la medida que se tiene conocimiento que durante los meses de mayo y junio la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron una serie de comunicados en los que ponen de presente que por escases de recursos se ha visto conminada a suspender su periodo ordinario de sesiones y a disminuir en un 50% la contratación de su personal de trabajo. ¿Será acaso intencional la omisión de cooperación de los Estados Partes en el sostenimiento de un Tribunal Regional que ha proferido en su contra robustas decisiones (tanto en sede cautelar como definitiva)?; o ¿habrá aminorado en alguna medida la voluntad de financiación de algunos Estados a los Órganos Interamericanos, habida consideración de los pronunciamientos que en los últimos años se han efectuado en torno a temas sensible como la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud de los pobladores de territorios susceptibles de explotación metalúrgica y minera, aledaños a zonas industriales y de almacenamiento de residuos tóxicos?; y en este contexto qué les espera a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica, en especial a las que integran los grupos vulnerables?
Bibliografía

CIDH, Medida Cautelar del 17-04-2004, Informe de Admisibilidad Nº69/2004, Petición Nº504/03.

CIDH, (MC 260/07), medida cautelar otorgada el 20 de mayo de 2010.

CIDH, Informe de Admisibilidad Nº69/2004, Petición 504/03, Caso Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros, Vs. Perú, Párr. 16.

CIDH, Medida Cautelar adoptada el 31 de agosto de 2007, e Informe de Admisibilidad Nº76/2009, Petición Nº1473-06

CIDH, (MC 199/09-300), Medida Cautelar adoptada el 27 de diciembre de 2010

CIDH, Informe de Admisibilidad Nº71/2012, Petición P-1073-05

CIDH, Informe de Admisibilidad Nº43/2010, Petición Nº242-05.

CIDH, Informe Nº75/02, Caso 11.140, Mary y Cary Dann (Estados Unidos), 27-12-2002, párr. 143 e Informe Nº51/01, Caso 9903, Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), 04-04-2002, párr. 238.

Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párrs. 83-96.

Corte IDH, Caso Baena Ricardo y Otros, Sentencia del 28 de noviembre de 2003, Párr. 79.

Corte Constitucional: Sentencia T-154 del 21 de marzo de 2013, MP. Nelson Pinilla Pinilla; Sentencia T-764 del 16 de diciembre de 2015, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

FIDH, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, PASSO. Informe Nº677E de Julio de 2016 “Colombia el costo humano del Petróleo: Estudio de impacto en los Derechos Humanos de las actividades de Pacific Explorations and Production Corp. en Puerto Gaitán”, Bogotá.

Kweitel, Juana y Reis, Renata. “Prólogo” en Asociación sobre los Derechos Civiles – Programa sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. “Estándares del Derecho a la Salud”. Disponible en: http://www.adc-sidh.org.ar/la-corte-lista.php?idsec=1&idsub0=12&idsub1=112&idsub2=113



1Abogada Asesora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Docente de la Universidad Agraria de Colombia, Estudiante de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mar del Plata – Argentina, Magister en Defensa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ante Cortes, Organismos y Tribunales Internacionales – Universidad Santo Tomás, Egresada en pregrado de la Universidad de la Amazonia – Florencia. (Bogotá Colombia, mlgiraldotorres@gmail.com).

2Los casos citados en este trabajo, fueron inicialmente identificados en los informes anuales de la Comisión, destacándose en éstos que sólo hasta el año 1996 se incluyó un capítulo referente a las peticiones que habían sido susceptibles de admisión y a las medidas cautelares decretadas, en tanto que en años anteriores sólo referenciaban las decisiones de fondo. Así las cosas y como quiera que uno de los propósitos era describir los pronunciamientos que en torno a la contaminación ambiental y la afección en la salud humana habían sido emitidos por los Órganos Interamericanos (tanto en contextos de gravedad y urgencia, como en el trámite y resolución de casos individuales) decidimos delimitar el objeto de la investigación al estudio de la jurisprudencia adoptada durante los años 1996 a 2016.

3 Kweitel, Juana y Reis, Renata. “Prólogo” en Asociación sobre los Derechos Civiles – Programa sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. “Estándares del Derecho a la Salud”. Disponible en: http://www.adc-sidh.org.ar/la-corte-lista.php?idsec=1&idsub0=12&idsub1=112&idsub2=113

4CIDH, Medida Cautelar del 17-04-2004, Informe de Admisibilidad Nº69/2004, Petición Nº504/03.

5Caso Baena Ricardo y Otros. Corte IDH. Sentencia del 28 de noviembre de 2003, Párr. 79.

6CIDH, (MC 260/07), medida cautelar otorgada el 20 de mayo de 2010.

7Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad Nº69/2004, Petición 504/03, Caso Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus Miembros, Vs. Perú, Párr. 16.

8Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida Cautelar adoptada el 31 de agosto de 2007, e Informe de Admisibilidad Nº76/2009, Petición Nº1473-06

9CIDH, (MC 199/09-300), Medida Cautelar adoptada el 27 de diciembre de 2010

10CIDH, Informe de Admisibilidad Nº71/2012, Petición P-1073-05

11CIDH, Informe de Admisibilidad Nº43/2010, Petición Nº242-05.

12Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párrs. 83-96.

13CIDH, Informe Nº75/02, Caso 11.140, Mary y Cary Dann (Estados Unidos), 27-12-2002, párr. 143 e Informe Nº51/01, Caso 9903, Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), 04-04-2002, párr. 238.

14FIDH, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, PASSO. Informe Nº677E de Julio de 2016 “Colombia el costo humano del Petróleo: Estudio de impacto en los Derechos Humanos de las actividades de Pacific Explorations and Production Corp. en Puerto Gaitán”, Bogotá. Orlando José Morales Ramos vs. La Sociedad Drummond Ltda. Corte Constitucional. Sentencia T-154 de 2013 (MP. Nelson Pinilla Pinilla.21 de marzo de 2013); Pedro Alfonso Vélez Lara y otros Vs. Empresas Meta Petroleum Corp. Sucursal Colombia y otros. Sentencia T-764 de 2015 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 16 de diciembre de 2015)

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